Una de las razones esgrimidas por el actual Poder Ejecutivo para modificar nuestro sistema de retiro era que el mismo era “deficitario”.
Sin embargo dicha reforma no ha tenido un efecto fiscal significante pues junto con el sistema similar aplicado a diplomáticos, importa un 0,080 % del PBI aproximadamente.
No obstante, ahora el mismo Poder Ejecutivo impulsaría una segunda modificación con la que debemos alzar nuestra voz en el Consejo y evitar esa injusticia.
Los cambios en nuestro régimen jubilatorio, impulsada por el Poder Ejecutivo significó, en el caso de los varones, que se incremente de 60 a 65 años la edad mínima para acceder a la prestación previsional. Se subió a 18% de la remuneración el aporte con destino al régimen previsional sin un tope de aporte -frente al 11% con tope de empleados en relación de dependencia. Se fijó que para calcular el haber inicial se debe considerar el 82% de la remuneración promedio, actualizada, de los últimos 120 meses -cuando antes se calculaba con el último cargo-.
Se estableció, además, que para tramitar la jubilación se debe hacer efectiva la renuncia, lo cual pone al juez/za en una situación de incertidumbre, que se incrementa ante las inusuales demoras verificadas ante la A.N.S.ES.
La A.N.S.E.S intimó a jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial que iniciaron sus trámites jubilatorios, pero siguen en el cargo, a que completen la gestión o declinen del beneficio previsional.
Cuando se cuestionó esa situación en el Consejo, sorprendió uno de los actuales representantes por nuestros jueces sostuvo que: “de ninguna manera puede interpretarse como una intimación a cesar en el cargo para evitar la pérdida de derechos previsionales ya adquiridos”. Disiento de plano con esa posición.
De ser elegida, explicaremos con firmeza porqué nuestro sistema es especial y no de privilegio, como el de los/las expresidentes/as y que sus continuas modificaciones importan un avasallamiento a la independencia del Poder Judicial.
La propia Corte en distintos pronunciamientos ha dicho que se trata de un régimen con características propias que lo hacen diferencia al régimen general (CSJN: Gaibisso y Craviotto entre otros).
En la exposición de motivos de la ley 22.940, que es la antecesora a la Ley 24.018, se dejó bien en claro que la finalidad tener una ley especial es contribuir a la independencia del poder Judicial y asegurar a los magistrados y funcionarios un nivel de vida decoroso para cuando finalicen su desempeño en la Justicia.
Por otra parte, y un dato no menor, es que la mayoría de los jueces y Secretarios antes de acceder al cargo, ya han hecho un recorrido en la carrera judicial ocupando cargos que no están incluidos en la ley especial. Es decir que durante varios años antes de su designación han contribuido al financiamiento del sistema previsional general sin que dichos aportes tengan incidencia en su futuro haber previsional. A ello también podemos agregar que muchos de los funcionarios y magistrados a pesar de tener la edad, continúan en su cargo, por lo cual siguen contribuyendo al financiamiento del sistema previsional.
De esta manera, creer que el déficit se debe al mantenimiento de la ley especial, es no entender nada del tema.
Por último, y no por ello menos importante, trabajaremos para que el Consejo vuelva a gestionar las jubilaciones y pensiones de los que estén en condiciones de acceder al beneficio previsional. Los cambios instrumentados en ese sentido por vía reglamentaria han generado un costo para la administración de Justicia, ya que los empleados y funcionarios de la Dirección General de Administración Financiera que intervenían en el proceso de gestión y control de las jubilaciones por su especialización eran más efectivos que los que ha asignado la ANSES y ahora se consume además un extenso tiempo de los funcionarios judiciales que no dedican a la tarea de su cargo. En otras palabras una malísima asignación de recursos que nos perjudica a todos.