Una respuesta firme y consensuada
Observamos sin sorpresa y con pesar, cómo desde hace décadas nuestro país padece un generalizado y deliberado proceso de regresión institucional que nos ha sorprendido recientemente con hechos de inusitada gravedad, que todos repudiamos.
Ese proceso de retroceso, a veces explícito, otras veces silencioso, se intensifica en épocas de crisis económicas, sociales y políticas como la que hoy atravesamos, cuando se intenta impedir que el Poder Judicial ejerza su control jurisdiccional en el equilibro republicano. Debemos visibilizar, impedir o, cuanto menos, ralentizar esa innoble dinámica. Es que el restablecimiento de la calidad institucional y democrática de un Estado, sabemos, suele ser lento y espinoso, es decir, inversamente proporcional al de su degradación.
Desde el Poder Judicial soportamos constantes embates de todo el arco político. Primero tendentes a desprestigiarnos, para luego disminuirnos profesional, económica e institucionalmente, por caso, con denuncias ante el Consejo, la afectación de la intangibilidad de nuestras remuneraciones con la aplicación inequitativa del impuesto a las ganancias o la reducción de jubilaciones desacoplándolas de nuestros aportes; y hasta con el intento de traspaso de funciones de la justicia nacional a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Todo ello para, finalmente, reducirnos a simples prestadores de un “servicio de justicia” dejando de lado la concepción de un Poder Judicial que controle los actos de gobierno.
Entendemos que podemos y necesitamos brindar, junto a ustedes, una respuesta judicial firme; promover el diseño de una hoja de ruta clara, y ser promotores de un conjunto de consensos básicos, ineludibles para mejorar las chances de una eficaz defensa de nuestra tarea y del Poder Judicial como uno de los pilares de nuestra República.